Suspensión de vicepresidenta de Ecuador por ausencias laborales; 150 días sin sueldo.

**El Ministerio de Trabajo sanciona a la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, en medio de un clima electoral tenso**

En un giro inesperado de los acontecimientos políticos en Ecuador, el Ministerio de Trabajo ha impuesto una sanción de 150 días de suspensión sin remuneración a la vicepresidenta Verónica Abad. Esta decisión se fundamenta en el “abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales”, lo que ha desatado un torrente de reacciones en el ámbito político y social del país.

La sanción se produce en un momento crucial, ya que Ecuador se encuentra inmerso en un proceso electoral en el que el actual presidente, Daniel Noboa, es uno de los 16 candidatos que aspiran a gobernar el país entre 2025 y 2029. La contienda electoral ha intensificado las tensiones entre Noboa y Abad, quienes han mantenido un pulso político desde el inicio de su gobierno.

Noboa, quien asumió la presidencia en noviembre del año pasado, se encuentra en la obligación legal de delegar temporalmente sus funciones a Abad mientras realiza su campaña electoral. Sin embargo, la relación entre ambos se ha visto marcada por conflictos, evidenciados desde que Noboa decidió enviar a Abad como embajadora a Israel.

El Ministerio de Trabajo abrió un sumario administrativo contra Abad al considerar que no llegó a Turquía en la fecha establecida por el Ejecutivo, en un contexto de creciente tensión bélica en Oriente Medio. Esta decisión ha sido interpretada por Abad como un acto de “persecución política y hostigamiento”. En declaraciones previas, Abad había afirmado que el proceso en su contra era parte de una estrategia del presidente para evitar que ella asumiera temporalmente el cargo en su ausencia.

“(Noboa) ha instaurado varios mecanismos para impedirme reemplazarlo en el cargo cuando se vea obligado a separarse de este ante su inminente candidatura”, declaró Abad, haciendo énfasis en que su destitución solo puede ser decidida por la Asamblea Nacional.

La sanción impuesta por el Ministerio ha sido objeto de críticas por parte de varios sectores. El candidato presidencial Henry Cucalón expresó en sus redes sociales que se trata de un “gobierno que demuestra, una vez más, su profundo desprecio por la institucionalidad y democracia”. Según Cucalón, la sanción a Abad es “inconstitucional e ilegal”, y sugiere que el verdadero objetivo es evitar que ella pueda reemplazar al presidente durante su campaña electoral.

Por su parte, el abogado Eduardo Franco Loor argumentó que la resolución administrativa carece de eficacia jurídica, citando el artículo 424 de la Constitución de la República. Loor subrayó que un funcionario del Ministerio de Trabajo no tiene la autoridad para sancionar a la vicepresidenta, cuyas competencias son de carácter constitucional. “Procede, en consecuencia, una acción de protección constitucional de Abad ante este atropello de la Función Ejecutiva”, añadió Loor, señalando que se trata de una retaliación política.

La sanción de 150 días fue anunciada públicamente el sábado, pero tiene fecha del 8 de noviembre, coincidiendo con el momento en que Abad presentó una denuncia por presunta violencia política de género contra Noboa y otros miembros de su administración. En esta denuncia, Abad expone ocho supuestas “agresiones” que ha sufrido, lo que añade otra capa de complejidad a la ya tensa relación entre ambos.

Damián Armijos, abogado de Abad, ha afirmado que Noboa y otros funcionarios han intentado “a toda costa” obstaculizar el ejercicio de la función pública de su defendida. Armijos sostiene que han buscado “amedrentarla, intimidarla y hostigarla” con el fin de provocar su renuncia y evitar así la sucesión presidencial, tal como lo establece la Constitución.

En el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) también se están procesando contrademandas presentadas por la canciller Gabriela Sommerfeld y la asesora presidencial Diana Jácome contra Abad, acusándola de violencia de género. Esta situación ha creado un ambiente de incertidumbre y confrontación en el ámbito político ecuatoriano.

La decisión del Ministerio de Trabajo se produce solo tres días después de que el TCE multara a Abad con 8,500 dólares, aunque no le suspendió sus derechos políticos, como se había solicitado en una denuncia por haber hecho campaña electoral anticipada durante las elecciones de 2023, cuando se postuló para la alcaldía de Cuenca.

La situación actual refleja un escenario político complicado en Ecuador, donde las tensiones entre el Ejecutivo y la vicepresidencia han alcanzado un punto álgido. Con la campaña electoral en marcha y las elecciones a la vista, la relación entre Noboa y Abad se perfila como un tema central que podría influir en el futuro político del país.

La sanción a Abad no solo pone de manifiesto las luchas internas dentro del gobierno, sino que también plantea preguntas sobre la estabilidad política en Ecuador y el respeto por las instituciones democráticas. A medida que se acercan las elecciones, el desenlace de esta controversia podría tener repercusiones significativas en el panorama político del país.

Con información de EFE.