Sheinbaum apoya a García Harfuch creando una Supersecretaría.

La percepción de seguridad en México es un tema que ha generado intensos debates y controversias, especialmente al inicio de un nuevo gobierno que prometió dar un golpe contundente a la delincuencia organizada. Sin embargo, a medida que avanza el tiempo, la realidad muestra que estos planes ambiciosos no se han traducido en un cambio tangible en la seguridad del país. En este contexto, la utilización de encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para sostener que la percepción de inseguridad ha disminuido se enfrenta a un desafío crítico: la lucha abierta entre fuerzas del Estado y grupos del crimen organizado.

La escena de Culiacán es un claro ejemplo de la magnitud del problema. El enfrentamiento del pasado octubre, que se volvió viral en las redes sociales, reveló la fragilidad del control del gobierno frente a las organizaciones criminales. La balacera que sacudió la ciudad dejó en evidencia que, a pesar de los planes estratégicos presentados, la violencia sigue latente. Este acontecimiento no solo impactó a la población local, sino que también resonó a nivel nacional e internacional, generando preocupación sobre el futuro de la seguridad en el país. Las imágenes de civiles atrapados en medio del fuego cruzado o las escenas de caos en las calles son difíciles de olvidar y contribuyen a una creciente percepción de vulnerabilidad.

Por otro lado, Chiapas ha enfrentado una serie de problemas que han llevado a un aumento en la violencia y la desesperanza. Grupos delictivos han comenzado a expandir su territorio, afectando a comunidades enteras y alimentando un ciclo de terror que parece imparable. Los enfrentamientos entre bandas rivales han dejado un rastro de muertes y desplazados, lo que contrasta fuertemente con las cifras que algunos funcionarios del gobierno han querido presentar. La gente que vive en estos lugares no puede sentir que la situación ha mejorado, a pesar de los datos que se intentan promover desde las oficinas gubernamentales.

En el centro del debate sobre la percepción de inseguridad se encuentran los resultados de las encuestas del Inegi. Estos son utilizados por los funcionarios de alto nivel para argumentar que la inseguridad ha disminuido y que se están haciendo esfuerzos efectivos para controlar la violencia. Sin embargo, muchos críticos argumentan que estas cifras no reflejan la realidad que vive la población diariamente. Mientras algunos pueden sentirse más seguros en ciertas áreas, hay otras en las que el miedo y la incertidumbre han aumentado considerablemente, lo que crea una disonancia entre los datos presentados y la experiencia vivida por la ciudadanía.

Guanajuato, por su parte, se ha convertido en un estado emblemático de la violencia relacionada con el narcotráfico. Las masacres y los actos de terror han sido constantes a lo largo de los últimos años, y la situación no ha mostrado signos de mejora. Los hechos violentos que han sacudido a esta entidad muestran que las estrategias de seguridad implementadas hasta ahora no han sido efectivas y, por el contrario, la violencia sigue cobrando vidas a un ritmo alarmante. La población se ve atrapada entre su deseo de vivir en paz y la dura realidad de los embates del crimen organizado.

La falta de confianza en las autoridades también se ha profundizado. Muchos ciudadanos han perdido la fe en que el gobierno pueda garantizar su seguridad. Este es un aspecto que preocupa tanto a expertos en seguridad como a la población en general. La percepción de impunidad y la inacción de la justicia son factores que alimentan el ciclo de violencia. Cuando los ciudadanos sienten que no hay protección por parte del Estado, es más probable que busquen soluciones por su cuenta, lo que puede llevar a un aumento en la criminalidad y a un deterioro aún mayor de la seguridad pública.

Las instituciones encargadas de la seguridad y el orden público enfrentan un desafío monumental. No solo es necesario implementar estrategias efectivas, sino que también es crucial restaurar la confianza de la ciudadanía en las fuerzas del orden. Esto requiere un compromiso genuino por parte del gobierno para abordar las raíces del problema y trabajar de la mano con las comunidades afectadas. Sin embargo, hasta ahora, las acciones parecen insuficientes ante la magnitud de la crisis.

Es vital también la participación de la sociedad civil en este proceso. La colaboración entre el gobierno, las organizaciones no gubernamentales y la población puede contribuir a generar un cambio real en la percepción de seguridad. Iniciativas que promuevan la cohesión social, el acceso a oportunidades y la educación son fundamentales para construir una comunidad más resiliente ante la adversidad.

A medida que avanzamos en el nuevo gobierno, la promesa de dar golpes espectaculares a la delincuencia organizada se mantiene como una meta pendiente. La percepción de seguridad es un aspecto que necesita ser abordado desde una perspectiva integral, que no solo incluya medidas represivas, sino también el desarrollo de políticas que fortalezcan la cohesión social y que se enfaticen en la prevención del delito. La situación actual pone de manifiesto que el camino hacia la seguridad es largo y complicado, pero no imposible.

En conclusión, la distancia entre la percepción de seguridad que intentan presentar las autoridades y la realidad que vive la población es un abismo que necesita ser cerrado. Las encuestas del Inegi, aunque útiles, no pueden ser el único indicador del estado de la seguridad en el país. La lucha contra la delincuencia organizada requiere una estrategia multifacética, que aborde tanto la contención de la violencia como el fortalecimiento de las comunidades. Solo a través de una acción coordinada y un compromiso real se podrá comenzar a cambiar la percepción de zozobra que hoy afecta a millones de mexicanos.