La política para atender familias de desaparecidos ha fracasado.

**Desapariciones en Coahuila: Un Problema Sin Solución y un Presupuesto Insuficiente**

En Coahuila, la crisis de desapariciones ha alcanzado niveles alarmantes, con un incremento que refleja la desatención del gobierno estatal hacia las necesidades de los familiares de las víctimas. Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO), el número de personas desaparecidas en esta entidad ha aumentado de 2,826 en 2017 a más de 3,568 en lo que va de este año. Esta dolorosa realidad contrasta con el bajo presupuesto que el gobierno de Coahuila destina al Programa de Atención Integral a Familiares de Personas Desaparecidas (PROFADE), que apenas ha recibido un promedio anual de 2.5 millones de pesos desde su creación en 2013.

El PROFADE fue diseñado para garantizar el derecho a la reparación integral a los familiares de las víctimas mediante seis ejes: alimentación, educación, salud, trabajo, vivienda y justicia. Sin embargo, los colectivos de familiares han expresado que los recursos disponibles son insuficientes para cubrir las numerosas necesidades que enfrentan. Diana Iris García, madre de un desaparecido, señala que el apoyo que reciben es “muy limitado” en comparación con la cantidad de familias que requieren asistencia.

Desde la instauración del PROFADE, se han ejercido recursos por un total de casi 20 millones de pesos, lo que ha permitido realizar 9,478 atenciones. Sin embargo, los casi 2.5 millones de pesos asignados anualmente son claramente insuficientes frente al creciente número de desaparecidos y las necesidades básicas de sus familias. La falta de presupuesto ha llevado a que solamente se cubran necesidades limitadas, como la compra de lentes o el pago de algunos servicios dentales.

Luis Efrén Ríos Vega, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, destaca que las desapariciones provocan daños colaterales significativos, y la mayoría de las familias afectadas enfrentar problemas de subsistencia, estrés y enfermedades crónicas. “Al no tener a su ser querido, un medio de subsistencia deja de existir”, explica el magistrado, quien ha estado en contacto con los colectivos de familiares.

La falta de recursos también se refleja en las limitaciones del PROFADE. A pesar de ser un programa único en su tipo a nivel nacional, no ha logrado ofrecer una atención adecuada en aspectos cruciales como la salud. Según datos, de los 9,478 apoyos brindados, la mayor parte de los recursos se ha destinado a salud. Sin embargo, esto sigue siendo insuficiente, y muchas familias se ven obligadas a buscar atención médica fuera del sistema público, lo que representa costos elevados.

En cuanto al derecho a la educación, el financiamiento del PROFADE ha sido igualmente deficiente. Durante ocho años, solo se han destinado poco más de un millón de pesos para este rubro, y las familias han expresado su frustración al enfrentar dificultades para cubrir inscripciones, útiles y otros gastos educativos. María Guadalupe Pérez, una de las afectadas, narra cómo tuvo que lidiar para obtener una beca para su nieta después de que su hijo desapareciera, una situación que refleja el desamparo que padecen muchas familias.

El acceso a la justicia es otro aspecto crítico que exacerba la problemática. La falta de información y asesoría legal ha generado que el 54% de las familias sienta que no recibe el apoyo necesario para el seguimiento de sus casos. Las autoridades se enfrentan a un grave déficit en la atención a las víctimas, lo que aumenta la carga emocional y económica para quienes ya sufren la pérdida de un ser querido.

A pesar de que el PROFADE ha sido una opción temporal de apoyo inicial, muchos coinciden en que se necesita un enfoque más integral que aborde las múltiples facetas de la problemática de las desapariciones. Juan Enrique Martínez, del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, recalca que las familias requieren no solo un programa como el PROFADE, sino una política pública que abarque otras dimensiones de su sufrimiento y necesidades.

La situación se ha vuelto aún más crítica con el paso del tiempo y el aumento constante de desapariciones. Si bien algunos colectivos han propuesto mejorar la atención y crear un nuevo programa integral que garantice calidad de vida para las familias, los desafíos son enormes. Se busca colaborar con distintas secretarías para abordar las necesidades más urgentes y asegurar un acceso preferencial a servicios de salud y educación.

El reclamo por justicia y atención integral a los familiares de desaparecidos continúa siendo urgente. Las autoridades deben reconocer que la desaparición de personas no solo implica la pérdida de un ser querido, sino una serie de repercusiones que provocan angustia y desestabilidad en las vidas de las víctimas y sus familias.

Por último, es importante que el gobierno de Coahuila considere la importancia de incrementar el presupuesto para el PROFADE y crear políticas públicas que realmente atiendan las necesidades de los familiares de desaparecidos. La aguda crisis de desapariciones no se resolverá a través de medidas parciales y, sin el compromiso de las autoridades, muchas familias seguirán esperando respuestas y apoyo en medio de su dolor.