La desaparición de órganos autónomos ahorrará 100 mil millones de pesos, según Morena.

La próxima semana, la Cámara de Diputados discutirá la desaparición de siete órganos autónomos, una medida que, según Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora de la bancada de Morena, generará ahorros anuales por 100 mil millones de pesos. Este debate se llevará a cabo entre el 11 y el 14 de noviembre, cuando se votará el dictamen aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales. Este dictamen establece que las facultades y obligaciones de estos entes públicos serán transferidas a diversas dependencias del Gobierno Federal y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Además, se otorgará al Instituto Nacional Electoral (INE) la competencia para manejar asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de los partidos políticos.

Jiménez Godoy destacó que desde su creación hasta 2024, los organismos autónomos han recibido un total de 32 mil 313 millones de pesos. Los ahorros resultantes de la transferencia de funciones se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar, lo que refleja un enfoque en la reorientación de recursos hacia programas sociales.

Los siete órganos autónomos que se verían afectados por esta medida son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU); la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, se reunió recientemente con los comisionados del INAI, donde expresó que es prácticamente inevitable la extinción del Instituto. Esta reunión, que tuvo lugar el 5 de noviembre, fue parte de una serie de encuentros con integrantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en los que se discutieron las implicaciones de la reforma y la reestructuración del marco regulatorio en México.

La propuesta ha generado opiniones divididas entre los legisladores y la sociedad civil. Por un lado, los defensores de la medida argumentan que la eliminación de estos órganos permitirá una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos y una reducción en el gasto del gobierno. Sin embargo, los críticos advierten que la desaparición de estos entes podría debilitar la transparencia y la rendición de cuentas en el país, así como limitar los mecanismos de defensa de los derechos ciudadanos.

A medida que se acerca la fecha de la votación, las discusiones en torno a la reforma se intensifican, y se espera que tanto los partidarios como los opositores de la medida se movilicen para expresar sus posturas. La decisión que tome la Cámara de Diputados no solo afectará la estructura del gobierno federal, sino que también tendrá un impacto significativo en la forma en que se gestionan y supervisan los recursos públicos en México.

La eliminación de estos órganos autónomos representa un cambio profundo en la arquitectura institucional del país, y su eventual aprobación podría sentar un precedente para futuras reformas en la administración pública. La próxima semana, los ojos del país estarán puestos en la Cámara de Diputados, donde se decidirá el futuro de la transparencia y la regulación en México.