Israel aprueba ley para deportar familias de atacantes palestinos.

El parlamento de Israel aprobó en la madrugada del jueves una controvertida ley que permitirá la deportación de familiares de atacantes palestinos, incluyendo a ciudadanos israelíes, hacia la Franja de Gaza devastada por la guerra o a otros lugares. Esta legislación, impulsada por miembros del partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu y aliados de extrema derecha, fue aprobada con una votación de 61 a 41, aunque se anticipa que será impugnada en los tribunales.

La nueva ley se aplicará a los ciudadanos palestinos de Israel y a los residentes de Jerusalén Oriental, quienes, según la normativa, tendrán que demostrar que conocían de antemano sobre los ataques promovidos por sus familiares o que han expresado apoyo o identificación con dichos actos de terrorismo. Los deportados podrían enfrentar un periodo de entre siete y veinte años en el exilio.

En medio de un contexto de creciente tensiones y violencia, particularmente desde que el ataque del grupo militante Hamás el 7 de octubre de 2023 desató una nueva guerra, esta ley ha generado alarmas tanto dentro como fuera del país. La guerra en Gaza ha dejado un saldo devastador, con decenas de miles de muertes y una gran parte de la población desplazada internamente en múltiples ocasiones.

Mientras que la ley está claramente enfocada en la comunidad palestina en Israel, sigue siendo incierto si también se aplicará a los territorios de Cisjordania ocupada, donde Israel ha mantenido una política de demolición de viviendas de familiares de atacantes como respuesta a la violencia. En los últimos años, los palestinos han llevado a cabo múltiples ataques contra israelíes, utilizando armas blancas, disparos y vehículos, lo que ha alimentado una espiral de violencia en la región.

El Dr. Eran Shamir-Borer, investigador en el Instituto de Democracia de Israel y ex experto en derecho internacional del ejército israelí, ha argumentado que la ley es probablemente inconstitucional y podría ser anulada si llega a la Corte Suprema. Según Shamir-Borer, esta legislación representa un claro conflicto con los valores fundamentales de Israel, que históricamente se han basado en principios democráticos y derechos humanos.

Desde la Guerra de los Seis Días en 1967, Israel ocupó Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental, regiones que son reclamadas por los palestinos para un futuro Estado independiente. Aunque Israel se retiró de Gaza en 2005, ha reocupado partes del territorio tras el reciente conflicto, intensificando aún más las tensiones en la región.

La anexión de Jerusalén Oriental por parte de Israel sigue siendo un punto de disputa internacional, ya que la mayoría de la comunidad global no reconoce dicha acción. Los palestinos que residen en esta área tienen estatus de residencia permanente y pueden solicitar la ciudadanía israelí, pero muchos optan por no hacerlo debido a los obstáculos y las restricciones impuestas.

Es importante destacar que los palestinos constituyen alrededor del 20% de la población total de Israel. Aunque tienen derechos de ciudadanía y de voto, a menudo enfrentan discriminación y desigualdad en varios aspectos de la vida cotidiana. Además, muchos de estos ciudadanos mantienen lazos familiares con los habitantes de los territorios ocupados y la mayoría de ellos se identifica con la causa palestina, lo que complica aún más la situación social y política en el país.

La aprobación de esta nueva ley se produce en un contexto de creciente extremismo y polarización dentro de la política israelí, donde las voces de la oposición advierten sobre las graves implicaciones que podrían tener estas medidas no solo para los palestinos, sino para la democracia israelí en su conjunto. En este sentido, los detractores de la legislación temen que la normalización de tales acciones represente un paso más hacia la deshumanización de los palestinos y la erosión de los derechos civiles en Israel.

La situación en la región sigue siendo volátil, y mientras el parlamento israelí se mueve hacia una política de represión y deportación, el futuro de las relaciones entre israelíes y palestinos se presenta más incierto que nunca. Con una guerra en curso y una población desplazada, la necesidad de un diálogo auténtico y constructivo se hace cada vez más evidente. Sin embargo, iniciativas como esta ley solo aumentan la desconfianza y dificultan la posibilidad de un entendimiento pacífico.

A medida que se desarrollan los acontecimientos, tanto dentro de Israel como en los territorios palestinos, muchos se preguntan cuál será el siguiente paso en esta compleja y dolorosa historia. Las acciones del parlamento israelí podrían abrir la puerta a nuevas tensiones y una mayor violencia, y la respuesta internacional a estas medidas será clave para determinar el rumbo de la región en los próximos meses y años.