El valor de los minerales robados a minera Maximo supera los cuarenta millones.

Zacatecas, Zac. El robo de seis góndolas cargadas con concentrados minerales a la minera Peñasquito se ha convertido en un tema de preocupación en la entidad, especialmente tras darse a conocer que el costo de lo sustraído asciende a aproximadamente 42 millones de pesos, es decir, 7 millones de pesos por góndola. Esta cifra fue revelada por un empleado de la trasnacional estadounidense Newmont, quien prefirió mantener su nombre en el anonimato.

El asalto ocurrió el pasado jueves en la autopista Zacatecas-Saltillo, específicamente a la altura de la comunidad San Tiburcio, cuando un convoy de camiones de carga que transportaba los minerales fue interceptado por presuntos integrantes de la delincuencia organizada. Hasta el momento, la empresa no ha emitido una postura oficial respecto al incidente.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, encabezada por el general Arturo Medina Mayoral, ha manifestado su incapacidad para localizar los seis remolques robados. Fuentes policiales han expresado su preocupación, señalando que, debido al tiempo transcurrido desde el asalto, es probable que los minerales que contenían ya no se encuentren dentro del territorio estatal. Esto plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas de seguridad implementadas en la región, sobre todo en rutas críticas para el transporte de mercancías de alto valor.

La diputada priísta Guadalupe Isidora Santibáñez, quien preside la comisión de Seguridad Pública de la 65 Legislatura local, ha hablado sobre la inseguridad en las carreteras de Zacatecas. En una entrevista, mencionó que durante una comparecencia del general Medina Mayoral en octubre, abordó específicamente este problema. Santibáñez subrayó que el descuido en la vigilancia de las carreteras ha permitido que los delincuentes operen con impunidad, incluso teniendo tiempo suficiente para desmantelar los remolques y desactivar los sistemas de seguridad o geolocalización que pudieran haber estado instalados.

La diputada también criticó la falta de respuesta del gobierno estatal frente a estos actos de delincuencia, señalando que el Congreso local condena esta situación y hace un llamado urgente al secretario de Seguridad para que tome acciones efectivas que contrarresten el creciente clima de inseguridad. “El programa 2024, año de la paz, que ha promovido el gobierno estatal es un plan fallido”, declaró. La legisladora indicó que aunque se busca proyectar una imagen de mejora en la seguridad de Zacatecas, la realidad es que se están ocultando hechos significativos de violencia que afectan a la ciudadanía.

Santibáñez recordó otros incidentes recientes que reflejan la situación crítica de seguridad en la región. Uno de ellos ocurrió a inicios de septiembre, cuando un grupo armado disparó contra un vehículo en el que viajaban familiares de un agente del Ministerio Público. En esta ocasión, los atacantes intentaron secuestrarlos, pero la familia logró escapar. Otro episodio que fue minimizado por las autoridades fue la explosión de una granada en la Feria Nacional de Zacatecas, donde resultaron heridas 14 personas; el gobierno argumentó que el estallido fue causado por una fuga de gas, desestimando así la gravedad de la situación.

Asimismo, el 4 de noviembre, se confirmó el asesinato de dos policías estatales que se encontraban asignados como escoltas de familiares del gobernador David Monreal. En este caso, el secretario general de Gobierno del estado aseguró que en el momento de los hechos, los policías no transitaban con ningún familiar del mandatario, lo cual plantea dudas sobre la transparencia en la información que maneja el gobierno.

La serie de eventos violentos en Zacatecas ha generado un clima de incertidumbre entre la población, que se pregunta sobre la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas por las autoridades. La percepción de impunidad ante robos, tiroteos y otros actos delictivos ha hecho que los ciudadanos exijan respuestas y acciones contundentes por parte de sus gobernantes.

A medida que el clima de inseguridad se intensifica, la necesidad de un enfoque más integral y efectivo en las estrategias de seguridad se vuelve evidente. Mientras las autoridades se enfrentan a la complejidad del crimen organizado en el estado, la ciudadanía vive en una continua preocupación por su bienestar y el de sus seres queridos. La falta de confianza en las instituciones encargadas de resguardar la seguridad pública está alimentando un ciclo de desesperanza que, de no ser atendido, podría tener graves consecuencias para la cohesión social y económica de Zacatecas.

Es imperativo que tanto el gobierno estatal como las instancias federales trabajen en conjunto para abordar esta problemática. La coordinación entre diferentes niveles de gobierno es fundamental para desarticular las redes del crimen organizado que operan en la región y para garantizar el regreso de la tranquilidad a las carreteras y comunidades de Zacatecas. La población merece vivir sin el temor constante de ser víctima de la delincuencia, y para ello se requieren acciones concretas que reflejen un compromiso genuino con la seguridad pública.