Buscan ampliar la prisión preventiva oficiosa en México.

La Cámara de Diputados se prepara para discutir y, posiblemente, aprobar una reforma que ampliará el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Esta iniciativa, impulsada por el partido Morena y sus aliados, se someterá a votación en el pleno la próxima semana. La reforma busca modificar el Artículo 19 de la Constitución para incluir delitos como la extorsión, en respuesta a la solicitud de Rosa Icela Rodríguez, quien durante el sexenio pasado, como Secretaria de Seguridad, abogó por clasificar este delito como grave.

La propuesta ha sido respaldada por legisladores de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde, quienes ya la habían avalado en comisiones durante la anterior Legislatura. Entre los delitos que se agregarían al catálogo de delitos graves se encuentran el narcomenudeo y la producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas, como el fentanilo y sus derivados. Además, se incluirían delitos como la defraudación fiscal, el contrabando y la expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que respalden operaciones inexistentes, falsas o actos simulados.

Sin embargo, esta reforma se encuentra en contradicción con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó a México reformar la figura de la prisión preventiva oficiosa a nivel legal y constitucional, como parte de las medidas de reparación. La CIDH ha señalado que la prisión preventiva oficiosa puede ser utilizada de manera excesiva y arbitraria, lo que afecta el derecho a la presunción de inocencia.

El dictamen que acompaña la reforma argumenta que es urgente contar con un marco normativo y procesal adecuado para combatir las conductas delictivas que afectan la salud y el patrimonio de los mexicanos, así como la hacienda pública federal. Se sostiene que el actual texto constitucional no contempla las conductas delictivas que han tenido mayor incidencia en la última década, lo que ha obstaculizado la correcta administración e impartición de justicia penal federal.

Uno de los puntos centrales de la discusión es el delito de extorsión, que ha evolucionado en sus modalidades y se ha convertido en una de las actividades delictivas más comunes entre las células del crimen organizado, debido a su fácil ejecución. La reforma busca, en teoría, fortalecer las herramientas legales para enfrentar este tipo de delitos, que han proliferado en diversas regiones del país.

Los críticos de la reforma advierten que, al ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, se corre el riesgo de violar derechos humanos fundamentales y de perpetuar un sistema penal que ya ha sido señalado por su falta de garantías. La preocupación radica en que la prisión preventiva oficiosa podría ser utilizada como una herramienta de control social, afectando a personas que aún no han sido condenadas y que podrían ser inocentes.

Además, se plantea que la solución a la inseguridad y al aumento de delitos no radica únicamente en la creación de más leyes punitivas, sino en un enfoque integral que incluya prevención, educación y oportunidades para la población. La falta de atención a las causas estructurales de la criminalidad podría llevar a que las reformas sean ineficaces y a que el ciclo de violencia y criminalidad continúe.

La discusión sobre la reforma a la prisión preventiva oficiosa se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en México. En los últimos años, el país ha enfrentado un aumento en la violencia y en la actividad delictiva, lo que ha llevado a la población a demandar acciones más contundentes por parte del gobierno. Sin embargo, la respuesta a esta demanda no debe comprometer los derechos humanos y las garantías procesales de los ciudadanos.

La próxima semana, los diputados tendrán la oportunidad de debatir y decidir sobre esta reforma, que podría tener un impacto significativo en el sistema de justicia penal en México. La decisión que tomen no solo afectará a los delincuentes, sino también a la población en general, que espera un sistema de justicia más justo y equitativo.

En conclusión, la reforma que se discute en la Cámara de Diputados representa un intento por parte del gobierno y sus aliados de abordar la creciente inseguridad en el país. Sin embargo, es fundamental que esta iniciativa se analice cuidadosamente, considerando no solo la necesidad de combatir el delito, sino también el respeto a los derechos humanos y la garantía de un debido proceso. La forma en que se aborde esta reforma podría sentar un precedente importante para el futuro del sistema de justicia en México y para la protección de los derechos de todos los ciudadanos.