Alberto Pérez Dayán es el ministro que fracturó el bloque contra la reforma judicial.

El ministro Alberto Pérez Dayán enfrenta una creciente ola de críticas tras su decisión de romper el bloque de ocho votos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había consolidado para declarar la validez del proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Esta decisión ha generado un intenso debate en el ámbito político y judicial, especialmente entre los opositores a la reforma judicial impulsada por el actual gobierno.

En la reciente votación, Pérez Dayán se alineó con las ministras cercanas a la Cuarta Transformación, como Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes optaron por declarar la invalidez del proyecto de Alcántara Carrancá. Este proyecto buscaba anular diversas disposiciones de la reforma judicial que ha sido objeto de controversia. Con una votación que resultó en 7 votos a favor y 4 en contra, la Corte no logró alcanzar los ocho votos necesarios para admitir la validez del proyecto, lo que significa que la reforma judicial permanece intacta.

La decisión del ministro ha llevado a que algunos sectores lo califiquen de “traidor”, aumentando las tensiones dentro del panorama judicial del país. Los críticos han expresado su descontento, cuestionando la independencia del ministro en sus decisiones, así como su alineación con intereses políticos que podrían estar condicionando su actuación.

En medio de la controversia, surge la pregunta sobre la compensación económica del ministro Pérez Dayán. Según datos de la Plataforma de Transparencia, se revela que el sueldo mensual de Pérez Dayán asciende a 206 mil 947.56 pesos netos, cifra que se obtiene después de impuestos. Además, el ministro recibe una prima vacacional de 31 mil 783.47 pesos netos cada seis meses, y un pago anual por riesgo que alcanza los 416 mil 754.00 pesos netos.

A esto se suma un seguro de vida institucional con un costo de 2 mil 463.24 pesos mensuales brutos, lo que resalta el nivel de compensación que percibe un alto funcionario del Poder Judicial en México. Este aspecto ha sido utilizado por los opositores para cuestionar la legitimidad de su voto y su compromiso con la justicia.

Pérez Dayán fue designado como ministro de la Suprema Corte por el Senado de la República en noviembre de 2012, durante la administración de Enrique Peña Nieto. Desde entonces, ha ocupado un lugar clave en la toma de decisiones judiciales del país. Su trayectoria académica es notable; posee una licenciatura en Derecho por la Universidad La Salle, así como diversas especialidades en Amparo y Derecho Constitucional, además de una Maestría y un Doctorado en Derecho por la UNAM.

Antes de llegar a la Suprema Corte, Pérez Dayán ocupó diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación, incluyendo juez de Distrito y magistrado en diferentes tribunales colegiados. Su experiencia lo ha llevado a ser una figura respetada en el ámbito jurídico, aunque su reciente actuación ha puesto su reputación bajo el escrutinio público.

La polémica en torno a su voto y la respuesta pública a su decisión reflejan un momento crítico en la relación entre el Poder Judicial y el ejecutivo, así como la percepción de la autonomía de la Corte. La situación se complica aún más en un clima político donde la reforma judicial se ha convertido en un tema candente, con implicaciones importantes para el futuro del sistema legal en México.

El debate sobre la validez de la reforma judicial y el papel de los ministros de la SCJN en su revisión es, sin duda, uno de los temas más relevantes en la agenda pública actual. Las decisiones que tomen los ministros en los próximos días serán observadas con atención, no solo por su impacto inmediato, sino también por las repercusiones que podrían tener en la confianza pública en las instituciones judiciales y en la estabilidad del estado de derecho en el país.

En conclusión, el ministro Alberto Pérez Dayán se encuentra en una encrucijada que no solo afecta su carrera individual, sino que también pone de relieve las tensiones entre el poder judicial y el político en México. La respuesta a sus decisiones, así como las condiciones bajo las cuales se toman, seguirán siendo objeto de un intenso escrutinio por parte de la sociedad y de los diversos actores políticos en el país. La independencia judicial es un principio fundamental en toda democracia, y la percepción de su erosión podría tener consecuencias de largo alcance en el panorama político y judicial de México.