La venganza presidencial tiene altos costos políticos y económicos.

A lo largo de casi medio siglo, el periódico A Vanguardia ha mantenido un compromiso inquebrantable con la verdad, convirtiéndose en un baluarte de la libertad de expresión en México. Fundado en un contexto donde la censura y la manipulación de la información eran comunes, A Vanguardia ha luchado para ofrecer a sus lectores un análisis profundo y crítico de los acontecimientos que marcan la agenda nacional e internacional. Su trayectoria es un testimonio de la importancia del periodismo independiente en una sociedad democrática.

El actual clima político en México, especialmente bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, plantea serios desafíos para los medios de comunicación. Desde sus primeras declaraciones en el Zócalo capitalino en 2006, donde expresó su desprecio por las instituciones, hasta su insistencia en que “la ley es la ley” es solo un cuento, la figura presidencial ha mostrado una clara intención de controlar la narrativa y debilitar las instituciones que garantizan el equilibrio de poderes.

Recientemente, el ministro Pérez Dayán tomó una decisión que podría ser considerada una venganza política, al enterrar una reforma judicial que buscaba restaurar la independencia del Poder Judicial. Este acto no solo refleja la creciente polarización del país, sino que también pone en peligro la esencia misma de la justicia en México. La modificación de la estructura del Poder Judicial ha sido confiada a aquellos que no han demostrado ser los más idóneos para proteger los derechos de los ciudadanos.

La manipulación del poder en el Legislativo por parte de Morena y sus aliados ha resultado en la aprobación de reformas que eliminan principios fundamentales de la ley de amparo y que ignoran tratados internacionales. Este tipo de decisiones, tomadas en un ambiente de presión y amenazas, representan un retroceso alarmante hacia un sistema donde la justicia es subordinada a intereses políticos.

Un amigo y mentor político de Saltillo, ya fallecido, me recordaba que un verdadero estadista debe colocar tanto a amigos como a traidores en posiciones estratégicas. Esta afirmación resuena en el contexto actual, donde la lealtad política parece haberse convertido en un criterio más relevante que la competencia profesional en la selección de funcionarios judiciales.

La estrategia de Morena para ocupar los espacios de poder ha sido metódica. Con la promesa de que el pueblo, representado por los 38 millones de votos recibidos, apoya las reformas, se han justificado decisiones que desmantelan el andamiaje legal que protege a los ciudadanos. Esta retórica populista, combinada con la falta de información sobre los candidatos a ministros y magistrados, facilita la manipulación del electorado.

El costo de este proceso será alto. La elección de nuevos ministros y magistrados no solo representará un gasto de 18 mil millones de pesos, sino que también marcará un cambio drástico en la forma en que se accede a la justicia en el país. La promesa de un sistema judicial imparcial puede verse seriamente comprometida, dejando a los ciudadanos en una posición vulnerable frente al poder del Estado.

El juicio de amparo, una herramienta fundamental para la defensa de los derechos individuales, se encuentra en peligro. La traición de un ministro ha dejado claro que la protección de las garantías individuales puede no estar garantizada en el futuro. Los sueños de figuras como Vallarta y Rejón, que lucharon por la defensa de los derechos de los ciudadanos, parecen desvanecerse en un contexto donde las lealtades políticas priman sobre la justicia.

A pesar de las dudas sobre la equidad y la integridad del actual Poder Judicial, el papel de A Vanguardia se vuelve más crucial que nunca. El periodismo independiente debe seguir siendo un faro de esperanza y verdad en un entorno donde la desinformación y la manipulación son moneda corriente. Las ministras Lenia y Yasmín, elegidas por López Obrador, ejemplifican cómo la fidelidad política puede eclipsar la competencia profesional, lo que augura un futuro complicado para la justicia en México.

El acceso a la justicia, que debería ser un derecho inalienable, se convertirá en un privilegio reservado para aquellos que estén alineados con el poder. La frase de Pascal, “La justicia sobre la fuerza es la impotencia, la fuerza sin justicia es tiranía”, resuena más que nunca en este contexto. La lucha por la verdad y la justicia no solo es un deber de los periodistas, sino de cada ciudadano que valore su libertad.

A Vanguardia, en sus 49 años de existencia, ha sido un testimonio de la resiliencia del periodismo frente a la adversidad. Su compromiso con la verdad y la defensa de la justicia será vital para contrarrestar las tendencias autoritarias que amenazan con socavar los cimientos de la democracia en México. La voz de A Vanguardia sigue siendo necesaria, no solo para informar, sino para recordar a los ciudadanos su derecho a exigir justicia y transparencia en un país donde la verdad debe prevalecer.

En este aniversario, es fundamental reflexionar sobre el papel del periodismo en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. La historia de A Vanguardia es, en última instancia, la historia de todos aquellos que han luchado por un México donde la verdad y la justicia sean prioridad. La defensa de estos valores es una tarea colectiva que requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad.

La lucha por la verdad y la justicia, como lo ha demostrado A Vanguardia, es un camino arduo pero necesario. En un mundo donde la información es poder y la verdad puede ser manipulada, el periodismo sigue siendo una herramienta vital para la defensa de la democracia. La historia de A Vanguardia es, y seguirá siendo, un faro de esperanza en la búsqueda de un futuro donde la verdad y la justicia prevalezcan sobre la mentira y la opresión.