Deportaciones masivas de Trump afectarían gravemente la economía de EU.

WASHINGTON.- Los planes de deportaciones masivas del futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podrían tener un efecto devastador en la economía del país, especialmente en sectores como la construcción, según estudios y expertos. La expulsión de más de 11 millones de personas que viven en EE.UU. sin un estatus legal es una de las propuestas centrales de la campaña de Trump, quien ha estigmatizado a los migrantes indocumentados, tildándolos de “criminales” y afirmando que “envenenan” al país.

El costo millonario que implicaría para el Gobierno llevar a cabo estas deportaciones, junto con las dificultades técnicas para su implementación, podría desencadenar una recesión al perder millones de trabajadores. Un estudio de la American Immigration Coalition advierte que una deportación masiva podría provocar una caída del PIB anual entre el 4.2 % y el 6.8 %, lo que se traduce en pérdidas de entre 1.1 y 1.7 billones de dólares anuales. Estas cifras superan el impacto de la Gran Recesión de 2007-2009, cuando el PIB se redujo un 4.3 %.

El impacto negativo sería particularmente severo en estados como California, Texas y Florida, que albergan casi la mitad de los inmigrantes indocumentados del país. En estos estados, uno de cada veinte residentes podría ser deportado, lo que afectaría gravemente a sus economías locales, que dependen en gran medida de la fuerza laboral inmigrante.

La industria de la construcción es uno de los sectores más vulnerables a estas pérdidas. Aproximadamente el 14% de los trabajadores en este sector son indocumentados, lo que representa más de un millón de personas en todo el país. En Texas, el gobernador Greg Abbott, aliado de Trump, ha manifestado su disposición a colaborar con el Gobierno federal en los planes de deportación, afirmando que el estado “ya tiene la infraestructura lista” para identificar y arrestar a personas indocumentadas.

La construcción en Texas es un pilar económico, generando 1 de cada 20 dólares dentro de esta industria en EE.UU. y dependiendo en gran medida de los trabajadores indocumentados. Más del 50% de los trabajadores de la construcción en el estado no tienen un estatus migratorio legal. Juan Carlos Cerda, director para Texas de la American Business Immigration Coalition, advirtió que expulsar a estos trabajadores “devastaría” la industria. “Si el estado decide colaborar, estaría disparándose a sí mismo. Haría que los proyectos se desaceleren y que los precios suban”, señaló.

El “milagro de Texas”, que se refiere al crecimiento de la construcción y las nuevas industrias, es posible gracias al trabajo de los residentes indocumentados. Además del impacto económico, las deportaciones tendrían repercusiones humanas significativas. En Texas, alrededor de 5.6 millones de personas viven en familias con “estatus mixto”, donde al menos un miembro no es ciudadano estadounidense. Christine Bolaños, directora de comunicaciones de Workers Defense Project Texas, enfatizó que perder a los trabajadores inmigrantes no solo perjudicaría a la industria de la construcción, sino que también representaría una gran pérdida para el tejido social del estado.

La situación es crítica y plantea serias preguntas sobre el futuro de la economía estadounidense y el bienestar de millones de familias. La combinación de un enfoque agresivo hacia la inmigración y la dependencia económica de los trabajadores indocumentados crea un escenario complejo que podría tener consecuencias de largo alcance. La comunidad empresarial y los defensores de los derechos de los inmigrantes continúan advirtiendo sobre los riesgos de estas políticas, instando a una reconsideración que priorice tanto la economía como la humanidad de los individuos afectados.