La CFE impulsa inversiones junto al sector privado.

El Gobierno federal ha dado un giro significativo en su política energética, al introducir nuevas reglas que regulan la participación de la Iniciativa Privada en el sector eléctrico. Ayer, durante la presentación de la Estrategia Nacional en Palacio Nacional, se anunciaron diferentes esquemas de colaboración para la generación de energía, marcando un paso importante en la nueva estructura del mercado eléctrico mexicano.

Una de las novedades más destacadas es la creación de la figura de “productores mixtos”, que permitirá a las empresas privadas participar como socios minoritarios en proyectos de generación de energía. Bajo estos nuevos lineamientos, los particulares podrán cubrir hasta un 46 por ciento de la inversión, mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantendrá al menos el 54 por ciento. Esto representa un cambio en el enfoque tradicional y abre la puerta a una mayor inversión del sector privado, siempre bajo esquemas de transparencia y licitación.

Luz Elena González, Secretaria de Energía, explicó que existen tres nuevos esquemas para facilitar la entrada de las empresas al mercado eléctrico. En primer lugar, los particulares podrán entregar energía a la CFE mediante contratos a largo plazo, lo que les proporcionará una estabilidad en sus inversiones. En segundo lugar, con la introducción de los “productores mixtos”, las empresas podrán asociarse con la CFE en proyectos energéticos, asegurando una colaboración más estrecha entre el sector público y privado.

El tercer esquema permitirá que los generadores privados participen en el mercado eléctrico, siempre que cumplan con los requisitos de confiabilidad y respaldo establecidos en el Plan Nacional de Energía. Esta medida se orienta a asegurar que cualquier proveedor de energía cumpla con estándares técnicos que garanticen un suministro eficiente y seguro.

Además, se contempla una inversión de más de 23 mil 400 millones de dólares en el sexenio, desglosada en generación, transmisión y distribución de energía. Esta inyección de capital busca revitalizar el sector y asegurar el avance hacia un sistema energético más robusto y diverso, que pueda atender la creciente demanda energética del país.

Sin embargo, el nuevo plan también plantea desafíos. Las empresas que operan bajo esquemas de autoabasto y que evaden el uso de la red nacional deberán regularizar su situación. El gobierno ha dejado claro que aquellas que venden energía a través de prácticas ilegales tendrán que “transitar a formas legales de participación”.

Para las pequeñas empresas y hogares que buscan generar su propia energía, el Gobierno ha establecido que se están aumentando los límites de generación sin necesidad de permisos. Ahora, aquellas instalaciones con capacidad de hasta 700 kilowatts estarán exentas de permisos, lo que representa un incremento respecto a los 500 kilowatts establecidos anteriormente.

Por otra parte, se lanzará un programa para financiar la instalación de paneles solares en los hogares del norte del país, empezando por Mexicali. Esta iniciativa busca apoyar a las familias durante los meses de calor extremo, permitiéndoles reducir sus facturas eléctricas y fomentar el uso de energías limpias.

Por otro lado, las grandes empresas generadoras que requieran conectarse a la red de distribución de la CFE, además del autoconsumo, deberán cubrir una tarifa por el uso de la infraestructura de transmisión. Luz Elena González aclaró que no se trata de un proceso de licitación, sino de establecer una tarifa que sea transparente y viable, sin perjudicar las inversiones en el sector.

Sin embargo, uno de los aspectos más controversiales del nuevo marco legal es la reestructuración de los órganos reguladores del sector energético. La Comisión Reguladora de Energía (CRE), que ha desempeñado un papel crucial en la supervisión y regulación del suministro de energía eléctrica, se someterá a modificaciones significativas. Claudia Sheinbaum, presidenta del país, confirmó que la CRE, junto con otros organismos reguladores como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, podría desaparecer a raíz de la reforma que se enviará al Congreso. Las facultades de estos órganos serán trasladadas a la Secretaría de Energía, lo que significa un cambio radical en la forma en que se gestionará el sector.

Las decisiones sobre la regulación del sector no serán como se conocen actualmente, ya que se están planificando para seguir un enfoque más centralizado bajo el marco del Plan Nacional de Energía. Esto ha suscitado preocupaciones acerca de la independencia técnica de los organismos reguladores y su capacidad para garantizar un suministro eléctrico estable y competente.

La presentación de estas nuevas reglas para la participación de la Iniciativa Privada en el sector eléctrico marca, sin duda, un punto de inflexión en la política energética de México. Con la inclusión de nuevos esquemas de generación, el Gobierno pretende fomentar las inversiones y garantizar un suministro energético adecuado, aunque los cambios en la regulación podrían traer consigo un debate intenso sobre el equilibrio entre la iniciativa privada y el control estatal en el sector energético.

En conclusión, mientras que el nuevo esquema busca atraer inversiones y promover la energía limpia a través de diversas iniciativas, también se presentan interrogantes sobre la efectividad y la transparencia de estas medidas en un sector tan crítico para el desarrollo del país. Las reformas en curso y los cambios propuestos son un paso audaz hacia el futuro energético de México, pero será fundamental seguir de cerca su implementación y sus repercusiones en el mercado eléctrico nacional.