Durante el sexenio de AMLO y lo que va de Sheinbaum, asesinan a 225 activistas.

**Título: La lucha por la defensa de la tierra y el medio ambiente en México: un camino de sangre y resistencia**

Desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el último día de octubre de 2023, México se ha convertido en un escenario trágico para defensores de la tierra y activistas ambientales. Según el organismo civil EDUCA Servicios para una Educación Alternativa A. C., al menos 252 de estos valientes luchadores han sido agredidos con violencia letal o asesinados debido a su labor en favor del medio ambiente. Este alarmante dato resalta la grave crisis de seguridad que enfrentan quienes se atreven a alzar la voz en defensa de su entorno.

De los 252 casos registrados, 225 corresponden a homicidios y ejecuciones extrajudiciales, mientras que 27 son desapariciones forzadas. Estos hechos han ocurrido en el contexto de actividades de denuncia, visibilización y activismo en contra de prácticas destructivas como la tala ilegal, el extractivismo de minas y la explotación de cuerpos de agua. Los activistas también han sido víctimas de violencia por su empeño en proteger Áreas Naturales Protegidas (ANP) y por llamar la atención del Estado y la ciudadanía sobre la urgente necesidad de preservar el medio ambiente.

El informe destaca que Oaxaca es el estado más peligroso para los defensores, con 58 asesinatos registrados, seguido por Guerrero con 39, Michoacán con 21, Chiapas con 17 y Puebla, Morelos y Chihuahua, cada uno con 10 homicidios. Esta situación revela una geografía del riesgo donde el sur de México se presenta como el territorio más violento para quienes luchan por los derechos humanos y el medio ambiente. Los 114 homicidios ocurridos en Oaxaca, Guerrero y Chiapas representan el 51% de todos los casos en el país.

La violencia no solo se manifiesta a través de asesinatos. En promedio, 38 defensores y activistas han sido asesinados cada año desde 2018. Además, el informe señala que 42 de los 225 homicidios fueron ejecuciones extrajudiciales. De las 23 desapariciones forzadas registradas, solo cuatro personas han aparecido con vida. Esta realidad pone de manifiesto el alto riesgo que enfrentan aquellos que deciden defender sus derechos y el medio ambiente.

Las luchas más peligrosas se centran en la defensa del derecho a la tierra, al territorio y a un medio ambiente sano. De los 252 casos, 94 corresponden a activistas que luchan por estos derechos fundamentales. Asimismo, 85 defensores fueron asesinados mientras defendían derechos civiles y políticos de las comunidades que representaban. Este contexto revela un patrón de agresiones sistemáticas contra aquellos que se oponen a las injusticias y a la explotación de los recursos naturales.

Resulta alarmante que en dos de cada tres casos de agresiones, los perpetradores pertenecen a poderes fácticos o autoridades. Investigaciones oficiales han señalado incluso a autoridades del partido en el poder, Morena, como presuntas responsables en cinco casos. Esta situación genera un clima de impunidad y desconfianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y los derechos humanos.

Casos emblemáticos han marcado esta lucha. En Amatán, Chiapas, Noé Jiménez Pablo y José Santiago Álvarez fueron señalados como responsables de agresiones en 2021. En Tlapa de Comonfort, Guerrero, y en Nochixtlán y San Juan Cotzocón, Oaxaca, nombres como Arnulfo Cerón, Claudia Uruchurtu y Sandra Domínguez han emergido como autores intelectuales de estas violencias. Estos casos evidencian la complejidad de la lucha y la gravedad de la situación que enfrentan los defensores en el país.

Del total de personas asesinadas en este periodo, 140 eran indígenas y uno era afromexicano. Esto significa que el 62% de los defensores asesinados pertenecían a pueblos indígenas y el 57% eran campesinos. Este dato es un reflejo de cómo las comunidades más vulnerables son las que se encuentran en la primera línea de defensa de sus territorios y recursos naturales, enfrentándose a poderosos intereses económicos y políticos.

La situación actual exige una respuesta contundente por parte del Estado y de la sociedad civil. Es imperativo que se implementen políticas efectivas para proteger a los defensores de derechos humanos y activistas ambientales, así como para garantizar justicia en los casos de agresiones y homicidios. La lucha por la defensa de la tierra y el medio ambiente no solo es un tema de derechos humanos, sino también una cuestión de supervivencia ante el avance de la devastación ambiental y la explotación desmedida de los recursos.

Mientras el mundo enfrenta una crisis climática sin precedentes, la labor de estos defensores se vuelve aún más crucial. Ellos son los guardianes de la tierra, quienes luchan por un futuro sostenible y justo. Sin embargo, su valentía y determinación son constantemente puestas a prueba en un entorno hostil que parece favorecer a los intereses de unos pocos sobre el bienestar de las comunidades y del planeta.

La sociedad debe unirse en apoyo a estos defensores, visibilizando sus luchas y exigiendo justicia. La defensa del medio ambiente y de los derechos humanos es una causa común que trasciende fronteras, y es responsabilidad de todos proteger a quienes arriesgan sus vidas por un mundo mejor. En un país donde la violencia y la impunidad parecen ser la norma, la voz de los defensores debe ser escuchada y valorada. Es hora de actuar y de poner fin a esta ola de violencia, reconociendo la importancia de su labor y garantizando su seguridad en la lucha por un futuro sostenible.