Aprobación de la ‘Constitución de 2024’ propuesta por AMLO.

**Sustitución de la Carta Magna: La Reforma Judicial de López Obrador en la Mira**

En un giro inesperado, el pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó, por un voto, las causas de invalidez de la controvertida “reforma judicial” impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta decisión, que ha generado un intenso debate en el ámbito político y jurídico, pone de relieve al menos cuatro cuestiones graves que podrían tener un impacto duradero en la estructura constitucional del país.

La primera de estas cuestiones es la interpretación de la “supremacía constitucional”. En el contexto de la reforma, esta noción se presenta como una pretensión de otorgar primacía a una modificación que aún no ha sido plenamente incorporada a la Constitución. La reforma está sujeta a cuestionamientos tanto de fondo como de forma y procedimiento, y todavía puede ser impugnada a través del juicio de amparo y ante instancias internacionales. Este escenario plantea serias dudas sobre la legitimidad de la reforma y su alineación con los principios constitucionales establecidos.

En segundo lugar, es importante recordar que la reforma fue iniciada por López Obrador y aprobada por una supermayoría parlamentaria que muchos consideran ilegítima. Esta situación se debe a que el oficialismo violó el límite constitucional de miembros en la Cámara de Diputados, utilizando tácticas que incluyen trampas electorales y poselectorales para alcanzar la mayoría calificada. Este contexto pone en entredicho la validez democrática del proceso legislativo que llevó a la aprobación de la reforma.

La tercera cuestión se refiere al alcance del poder reformador establecido en la Constitución. La reforma en cuestión no solo modifica, sino que “sustituye” elementos esenciales de la Constitución de 1917, algo para lo cual el llamado “constituyente permanente” no está facultado. Esta acción podría interpretarse como un intento de reescribir la historia constitucional del país, lo que plantea serias preocupaciones sobre la preservación de los principios democráticos que han regido a México durante más de un siglo.

Por último, la reforma judicial representa una ruptura de la independencia del Poder Judicial, un hecho que podría tener consecuencias graves para la protección de los derechos de todas las personas. Al permitir que otros poderes interfieran en el funcionamiento del Poder Judicial, se socavan los principios fundamentales establecidos por el genuino Poder Constituyente de 1917, afectando la definición y la identidad de la República Democrática.

Además de estas cuatro cuestiones centrales, surgen otros cinco temas de reflexión que derivan de la deliberación del pleno. En primer lugar, las reformas de López Obrador, lejos de ser meras modificaciones, han vaciado de contenido aspectos esenciales del sistema democrático y de los derechos y libertades que han sido conquistados a lo largo de más de un siglo. Este proceso ha dado paso a un sistema de centralización autocrática del poder, que amenaza con desdibujar los logros alcanzados en el ámbito constitucional.

El jurista latinoamericano Roberto Gargarella ha señalado que el decreto de “inimpugnabilidad” o “supremacía constitucional” representa una nueva forma de golpe de Estado. Según él, los cambios impuestos a la Constitución mexicana buscan reemplazar la república democrática por un régimen despótico, que avanza paso a paso hacia la supresión de libertades y derechos fundamentales. Esta afirmación resuena con la preocupación de muchos analistas sobre el futuro del estado de derecho en México.

Asimismo, los nuevos contenidos constitucionales parecen tener como objetivo cambiar la esencia y la identidad de la República. Algunos expertos sugieren que se está intentando falsificar el acta de nacimiento de la nación, en un esfuerzo por establecer una nueva “Constitución de 2024” que sepulte la de 1917. Esta idea, planteada por el ministro Laynez, refleja la inquietud de que el legado constitucional del país está en peligro.

La caída de derechos y las restricciones añadidas al ejercicio de las libertades consagradas en la carta magna marcan un retroceso en el constitucionalismo liberal democrático mexicano. Este proceso, que comenzó con la Constitución Federal de 1824, ha experimentado altibajos a lo largo de dos siglos, pero siempre ha mantenido un signo de progresividad. La actual reforma judicial podría significar un quiebre en esta trayectoria, con implicaciones que podrían extenderse por generaciones.

Finalmente, es crucial señalar que, sin entrar en el análisis de los argumentos técnico-jurídicos presentados por los ministros, los votos que impidieron la invalidación de la reforma judicial no solo han dado luz verde a esta nueva etapa en la historia constitucional de México. También han consolidado una línea única y vertical de control del Estado y de la sociedad, a través de una sobrerrepresentación en un Poder Legislativo que se ha visto habilitado como Poder Constituyente.

En conclusión, la desestimación de las causas de invalidez de la reforma judicial de López Obrador no es solo un acontecimiento aislado, sino un episodio que podría marcar un antes y un después en la historia constitucional de México. La posibilidad de que se esté gestando una nueva “Constitución de 2024” plantea serias interrogantes sobre el futuro de la democracia en el país y la protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. La lucha por la defensa de la Carta Magna de 1917 y los principios que esta encarna se vuelve más relevante que nunca en este contexto de transformación política y jurídica.