Manzanillo enfrenta problemas de corrupción y saturación de servicios.

**Importadores en Manzanillo enfrentan extorsiones de hasta 400 mil pesos en la Aduana bajo control de la Marina**

En el puerto de Manzanillo, los importadores se ven obligados a pagar sobornos que oscilan entre 100 mil y 400 mil pesos para liberar sus contenedores, los cuales han sido asegurados por diversas “observaciones” realizadas por la Aduana. Este fenómeno de extorsión se ha intensificado en un contexto de creciente violencia, donde en menos de dos semanas han sido asesinados dos elementos de la Marina, siendo el caso más reciente el del contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, ejecutado el pasado viernes en una avenida de la ciudad.

Los afectados por estas prácticas ilegales han comenzado a relatar cómo operan los funcionarios de la Aduana de Manzanillo. Según sus testimonios, la Aduana informa a los importadores que han cumplido con los procedimientos administrativos, como el pago de multas, pero que el problema radica en la falta de personal en el área Jurídica, lo que retrasa la liberación de la mercancía.

Con esta táctica, los funcionarios aduanales solicitan un “moche” a los importadores para priorizar la salida de sus contenedores. Los importadores son instruidos a realizar depósitos en cuentas bancarias, principalmente de BBVA, que pertenecen a diferentes destinatarios, lo que complica aún más la situación y la denuncia de estas prácticas.

Una de las fuentes consultadas por Grupo Reforma explicó que, tras descargar los contenedores de las embarcaciones, estos pasan por un sistema automatizado que modula o presenta el pedimento. Sin embargo, antes de llegar a este proceso, los militares a cargo pueden sacar los contenedores para revisarlos, lo que a menudo resulta en que los envíos sean enviados a “rojo”, lo que significa que serán sometidos a un reconocimiento aduanero exhaustivo.

“Si existe una incidencia, la que sea, es cuando viene el negocio porque embargan el contenedor por meses hasta el pago del moche para ‘agilizar’ la carga”, añadió la fuente, evidenciando así la corrupción que permea en el proceso.

Este problema se agrava por la saturación que enfrenta el puerto de Manzanillo, que genera cuellos de botella y filas interminables de camiones que demandan la entrega de su carga. La falta de personal en la Aduana se convierte en un pretexto para la extorsión, según denunciaron las fuentes.

Desde junio hasta octubre, se estima que alrededor de 50 pedimentos han sido “liberados” tras el pago de sobornos, lo que ha generado ganancias millonarias para los funcionarios involucrados en estas prácticas corruptas. La situación ha llevado a muchos importadores a cuestionar la integridad de los procesos aduanales y la seguridad en el puerto.

Clemente Villalpando, experto en Logística y Transporte, comentó que los verificadores aduanales son conscientes del valor de las mercancías y poseen información privilegiada que les permite establecer montos de “moche” que los importadores se ven forzados a pagar. Esta situación no solo afecta la economía de los importadores, sino que también socava la confianza en las instituciones encargadas de regular el comercio.

El capitán Aristeo Aguilar Meza, quien asumió el cargo de titular de la Aduana de Manzanillo el 16 de marzo de 2023, ha enfrentado un desafío significativo en medio de este contexto de corrupción y violencia. Anteriormente, Aguilar Meza estuvo al frente de la Aduana de Altamira, pero su gestión en Manzanillo ha estado marcada por la creciente presión de los importadores y la falta de medidas efectivas para erradicar la extorsión.

El puerto de Manzanillo, que es uno de los más importantes del país, está bajo la supervisión del almirante Mario Alberto Gasque Peña. Sin embargo, la combinación de la corrupción en la Aduana y la violencia en la región ha llevado a muchos a cuestionar la eficacia de las autoridades en la protección de los importadores y en la garantía de un comercio justo y transparente.

La situación en Manzanillo es un reflejo de un problema más amplio que enfrenta el país en términos de corrupción y extorsión en diversas instituciones. Los importadores, que son vitales para la economía, se ven atrapados en un sistema que parece favorecer la corrupción en lugar de la legalidad y la transparencia.

Mientras tanto, las autoridades continúan enfrentando críticas por su incapacidad para abordar estos problemas de manera efectiva. La falta de acción contundente para erradicar la extorsión en la Aduana de Manzanillo no solo afecta a los importadores, sino que también pone en riesgo la seguridad y la estabilidad del comercio en la región.

La comunidad empresarial y los importadores exigen una respuesta inmediata de las autoridades para poner fin a estas prácticas corruptas que han manchado la reputación del puerto y han generado un clima de desconfianza en las instituciones. La situación en Manzanillo es un llamado urgente a la acción para restaurar la legalidad y la confianza en el sistema aduanal del país.